El 10 de mayo entro en vigor la primera modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), mediante la aprobación de la Disposición final novena de la Ley 11/2023, de 8 de mayo.

Las mismas se resumen en:

1. Previsión de dos sustitutos, en caso de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o recusación de la persona titular de la Presidencia.
2. Modificación del apercibimiento, en lugar de medida sancionadora, como medida correctiva encaminada a poner fin al posible incumplimiento.
3. Implementación de sistemas digitales en las actuaciones de investigación de la AEPD.
4. Ampliación de plazos para resolver en el procedimiento sancionador (de nueve a doce meses) y actuaciones previas de investigación (de doce a dieciocho meses).
5. Suspensión de plazos de tramitación mediante resolución motivada, cuando resulte indispensable recabar información de otro organismo u autoridad de control.
6. Remisión de reclamaciones a organismo de resolución extrajudicial de conflictos.
7. No se podrá imponer multas administrativas a la Administración Pública.
8. Implementación del uso obligatorio de modelos de presentación de reclamaciones ante la AEPD.

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Tras su publicación en el BOE entra en vigor la nueva Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que deroga entre otras disposiciones la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Los servicios de confianza se definen como son los servicios electrónicos prestados habitualmente a cambio de una remuneración, consistentes en la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios, certificados para la autenticación de sitios web, y la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios.

Esta Ley tiene por objeto regular los servicios electrónicos de confianza, realizados por prestadores públicos y privados establecidos en España, y a los residentes en otro Estado miembro que tengan un establecimiento permanente situado en España, como complemento del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

En concreto, la Ley regula aspectos como los certificados electrónicos, la protección de los datos personales, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores, los mecanismos de supervisión y control y el régimen sancionador para los infractores.

La entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, supone la transposición de la normativa europea sobre el tratamiento de los datos PNR “Passenger Name Record” o Registro de Nombres de los Pasajeros en Castellano.

Esta nueva normativa, cuya finalidad es elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos ante el incremento de amenaza del crimen organizado y terrorismo, tiene especial importancia desde la perspectiva de la protección de datos.

La normativa obliga a las aerolíneas y a las entidades de gestión de reserva de vuelos a la transmisión de datos PNR mediante 2 envíos, uno entre 48 y 24 horas antes de la salida del vuelo, y el segundo una vez cerrado el vuelo (nadie pueda entrar en el avión ni abandonarlo). Además, si durante el vuelo se produjera alguna modificación en el destino, también deberá ser transmitidos. Cuando se produzca una amenaza real y concreta será necesario acceder a los datos PNR en momentos distintos a los anteriores, en concreto, las compañías aéreas deberán transmitir dichos datos con carácter inmediato cuando reciban un requerimiento.

Por lo tanto, las aerolíneas u entidades de gestión de reserva de vuelos se sitúan como los obligados a enviar los datos PNR de los pasajeros, los cuales a su vez podrían ver afectados sus derechos por la transmisión de dichos datos.

Desde Rerum Legis Abogados recomendamos una revisión de la documentación, protocolos de información y el adecuado tratamiento de los datos en el caso de aerolíneas u entidades de gestión de reserva de vuelos. Y por el otro lado, a los pasajeros que se informen de sus derechos respecto al tratamiento de sus datos.